La Unión Americana de Libertades Civiles de Connecticut (ACLU) defensora de los derechos pro-inmigrantes, denunció el día viernes al estado de Connecticut, exigiendo a la oficina del gobernador Lamont y el Department of Corrections commissioner Rollin Cook, que libere a los más de 12 mil presos de los centros penitenciarios, incluyendo los centros de detención de inmigrantes.
La demanda, reclama al estado de Connecticut, el cual se denomina como “Estado Santuario” que deje en libertad a los reclusos que no tienen records por crímenes contra el bienestar de la población. Ellos indican que los centros de detención no cuentan con las regulaciones sanitarias para salvaguardar la vida de los detenidos especialmente en la era del Coronavirus.
Christina Ortiz, activista pro-inmigrante dijo a Boceto Media, que empezó a advocar desde que su hermano fue detenido por ICE el cual estuvo en una cárcel de Stamford. Según su testimonio, los centros de detención no atienden a los reos adecuadamente. “Mi hermano sufre del corazón y problemas respiratorios, también tiene una hernia. A pesar de que sabían que estaba enfermo, le dijeron que se aguante porque ya lo iban a deportar” Su hermano esperó un mes con los dolores, hasta que fue deportado a su país sin atención médica.
Por su parte, Carolina Bortoletto de la organización “Make the Road”, nos comentó que ICE continua con sus acosos a la comunidad inmigrante, “ahora no están con redadas por lo del Coronavirus, pero dentro de los centros de detención, maltratan a los inmigrantes, aveces no les dan de comer y los insultan es un total abuso. Muchos de ellos no tienen crímenes, su única falta es ser indocumentados y no es justo que se les denigre”.
Por su parte, Carolina Bortoletto de la organización “Make the Road”, nos comentó que ICE continua con sus acosos a la comunidad inmigrante, “ahora no están con redadas por lo del Coronavirus, pero dentro de los centros de detención, maltratan a los inmigrantes, aveces no les dan de comer y los insultan es un total abuso. Muchos de ellos no tienen crímenes, su única falta es ser indocumentados y no es justo que se les denigre”.
La demanda fue presentada en nombre de la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Connecticut y cuatro reclusos, entre estos, una persona con enfermedad autoinmune, uno que tiene más de 60 años, uno que está programado para ser liberado el próximo mes y otro que solo tiene un pulmón y está detenido por falta de un bono de $ 5,000.
Durante su conferencia de prensa del viernes, Lamont dijo: "Estamos haciendo todo en nombre de la salud pública, estoy preocupado por los ancianos en las cárceles".
Según los reportes, 53 reclusos, incluidos ocho menores de centros de detención juveniles y 16 miembros del personal penitenciario han dado positivo por el coronavirus en Connecticut. Tres son prisioneros en el Centro Correccional Corrigan-Radgowski en Uncasville y cinco están en la Institución Correccional Willard-Cybulski en Enfield.
Luego que los casos relacionados con COVID-19 incrementaran en Connecticut, y al ver la lenta respuesta del estado, la comunidad ACLU realizó una protesta pacífica en la corte de inmigraciones en Hartford. Respetando las indicaciones del estado sobre el COVID-19 los activistas hicieron una marcha dentro de sus carros, tocando sus bocinas y gritando “Déjenlos libres!”, al mismo tiempo que tocaban música a todo volumen. De la misma manera, personas que transitaban por el área, se unieron a la protesta haciendo una fila en apoyo a la causa humanitaria. Transeúntes de Hartford murmuraban, que si no son criminales que los dejen libres porque “es un derecho humano, nadie esta libre”
La organización ACLU y otros grupos del mismo gremio han venido pidiendo al gobernador desde inicios de Marzo que “publique un plan de respuesta COVID-19 que incluya: la liberación reflexiva de las personas vulnerables que están encarceladas, los pasos para evitar nuevas admisiones en prisión y cárcel, y protecciones para las personas que permanecen encarceladas”.
Al ser esta una acción de derechos humanos ACLU de Connecticut y abogados de la Clínica Internacional de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale y de la Organización de Servicios Legales Jerome N. Frank, han unido esfuerzos para seguir en la lucha por la inmigración, y protección de la salud de la población presidiaria en la era del Coronavirus.
Desde el 1 de marzo, 400 presos han sido liberados. El Departamento de Corrección estimó que un 20 por ciento más de lo habitual fueron recibidos en casas de sus familias.
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