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| El estado de CT entregará $300 en ayuda EBT para los residentes que perdieron sus cupones de alimentos por cambios federales. Foto: generada por AI, Boceto Media. |
Hartford, CT.- En un plan de emergencia de 8,5 millones de dólares, el estado de Connecticut entregará tarjetas de asistencia para víveres por $300 dólares a unos 25.000 residentes que perderán sus cupones de alimentos tradicionales (SNAP) debido a los nuevos requisitos de trabajo impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump y el Congreso mediante la ley HR1, también llamada "One Beautiful Bill".
La medida convierte a Connecticut en uno de los dos únicos estados del país, junto con Illinois, en financiar una respuesta directa a este recorte. El dinero provendrá del Fondo de Respuesta a Recortes Federales, creado por la legislatura estatal a finales de 2025.
"Connecticut no se quedará de brazos cruzados mientras el gobierno de Trump utiliza el hambre como un arma contra las familias trabajadoras, los veteranos y los más vulnerables", afirmó el gobernador Lamont en su declaración oficial.
Solo los que ya habían tenido SNAP y lo perdieron a causa de los cambios federales califican a:
- Un pago único de 300 dólares por persona elegible, destinado exclusivamente a la compra de alimentos.
- Los beneficiarios empezarán a recibir las tarjetas en agosto de este año. El dinero no se cargará en las tarjetas de asistencia social (EBT) existentes.
- Se entregará a través de la red de agencias de acción comunitaria locales para verificar la elegibilidad y ofrecer servicios de reinserción al programa SNAP.
Las tarjetas operarán mediante una plataforma tecnológica específica (similar a una aplicación móvil de supermercados) que bloquea la compra de cualquier producto que no pertenezca a la categoría de alimentos básicos.
La reducción federal penaliza a los adultos de entre 18 y 54 años considerados "aptos para trabajar y sin dependientes" (Abods, por sus siglas en inglés). Inicialmente se estimó que afectaría a 36,000 personas en el estado, pero el Departamento de Servicios Sociales (DSS) logró reubicar a unas 11,000 en otras categorías de exención.
La comisionada del DSS, Andrea Barton Reeves, criticó duramente las medidas de Washington, calificándolas de insensibles ante las barreras económicas reales.
"Lo que está sucediendo a nivel federal es realmente desalmado. Puedes ser una persona apta para trabajar, por ejemplo, que vive en una parte de nuestro estado donde, bajo las reglas anteriores, la tasa de desempleo podría haber sido del 10% o más. Esas reglas ahora han sido completamente eliminadas, por lo que podría no haber más empleos en la región geográfica en la que te encuentras", declaró la comisionada Barton Reeves durante la conferencia.
De acuerdo con Lena Rodríguez, presidenta de la organización comunitaria CRT, las familias ya se encontraban al límite debido a la inflación.
"El año pasado, CRT sirvió a 20,353 familias, 7,880 de ellas eran beneficiarias de SNAP. Esto significa que el 40% de las familias que apoyamos dependen de SNAP para satisfacer sus necesidades nutricionales. La pérdida de asistencia alimentaria en un momento en que los precios de los comestibles siguen elevados ha tenido efectos devastadores en nuestras familias", explicó Rodríguez. "Hemos visto un aumento en el número de personas que acuden a nuestras despensas de alimentos en busca de ayuda, y la demanda continúa creciendo a medida que las familias trabajan para llegar a fin de mes".
Por su parte, el senador estatal Matt Lesser, copresidente del Comité de Servicios Humanos, respaldó el esfuerzo estatal frente a lo que llamó "el abuso de poder de Washington", asegurando que el problema del hambre no distingue municipios.
Jason Jakubowski, director de la red de bancos de alimentos Foodshare, confirmó la gravedad de la situación al señalar que atienden a los 169 municipios del estado, desde grandes urbes como Bridgeport hasta pequeñas localidades rurales.
La reducción federal penaliza a los adultos de entre 18 y 54 años considerados "aptos para trabajar y sin dependientes" (Abods, por sus siglas en inglés). Inicialmente se estimó que afectaría a 36,000 personas en el estado, pero el Departamento de Servicios Sociales (DSS) logró reubicar a unas 11,000 en otras categorías de exención.
La comisionada del DSS, Andrea Barton Reeves, criticó duramente las medidas de Washington, calificándolas de insensibles ante las barreras económicas reales.
"Lo que está sucediendo a nivel federal es realmente desalmado. Puedes ser una persona apta para trabajar, por ejemplo, que vive en una parte de nuestro estado donde, bajo las reglas anteriores, la tasa de desempleo podría haber sido del 10% o más. Esas reglas ahora han sido completamente eliminadas, por lo que podría no haber más empleos en la región geográfica en la que te encuentras", declaró la comisionada Barton Reeves durante la conferencia.
De acuerdo con Lena Rodríguez, presidenta de la organización comunitaria CRT, las familias ya se encontraban al límite debido a la inflación.
"El año pasado, CRT sirvió a 20,353 familias, 7,880 de ellas eran beneficiarias de SNAP. Esto significa que el 40% de las familias que apoyamos dependen de SNAP para satisfacer sus necesidades nutricionales. La pérdida de asistencia alimentaria en un momento en que los precios de los comestibles siguen elevados ha tenido efectos devastadores en nuestras familias", explicó Rodríguez. "Hemos visto un aumento en el número de personas que acuden a nuestras despensas de alimentos en busca de ayuda, y la demanda continúa creciendo a medida que las familias trabajan para llegar a fin de mes".
Por su parte, el senador estatal Matt Lesser, copresidente del Comité de Servicios Humanos, respaldó el esfuerzo estatal frente a lo que llamó "el abuso de poder de Washington", asegurando que el problema del hambre no distingue municipios.
Jason Jakubowski, director de la red de bancos de alimentos Foodshare, confirmó la gravedad de la situación al señalar que atienden a los 169 municipios del estado, desde grandes urbes como Bridgeport hasta pequeñas localidades rurales.
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