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El gobernador Ned Lamont (D) firmó la ley SB 397, que protege a los residentes indocumentados de Connecticut frente a tácticas de detención de ICE. Foto: página de Facebook del gobernador Lamont. |
Hartford, CT.- Un hito histórico aconteció en Connecticut al convertirse en el primer estado del país en promulgar la ley “An Act Concerning Democracy and Government Accountability”, que restringe a los agentes de inmigración a una serie de normativas que evitan que ejecuten su trabajo de redadas.
La ley fue aprobada por el Senado de Connecticut y firmada por el gobernador Ned Lamont el 4 de mayo. Durante el evento estuvieron presentes legisladores demócratas y activistas pro-inmigrantes.
“Hoy todos nos estamos levantando para asegurarnos de que las personas de Connecticut, sin importar su raza, color, credo, origen o lugar de nacimiento… pertenecen aquí, en el gran estado de Connecticut.”exclamó Lamont.
La ley permite a los residentes, ya sean legales o indocumentados, demandar a los agentes federales ante tribunales estatales por violaciones constitucionales, prohíbe los arrestos sin orden judicial en lugares como escuelas, hospitales e iglesias, y exige a los agentes que porten placas de identificación visibles.
El presidente del Senado estatal, Martin Looney, defendió la medida como una afirmación de los derechos reservados a los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Según Looney, la legislación no interfiere con la autoridad federal sobre inmigración, sino que exige que los agentes federales cumplan con las mismas normas aplicadas a las autoridades locales.
“Estamos exigiendo que los agentes federales estén sujetos a los mismos estándares que nuestras propias fuerzas del orden”, afirmó.
La ley fue aprobada por el Senado estatal el 14 de abril con una amplia mayoría demócrata de 24 votos a favor frente a 10 de la minoría republicana.
Pero no todos están conformes con la nueva ley. Los republicanos de Connecticut se opusieron al proyecto desde el inicio de la sesión legislativa.
El senador Tony Hwang argumentó en abril que las medidas de la nueva ley ponen en riesgo la salvaguarda y el bienestar de los residentes del estado.
“Connecticut tiene, sin duda alguna, un papel que desempeñar en la protección de las libertades civiles, la garantía del debido proceso y el apoyo a los inmigrantes que cumplen con la ley," dijo Hwang. "Sin embargo, la política de aplicación de las leyes de inmigración es, fundamentalmente, una responsabilidad federal; y este proyecto de ley suscita serias inquietudes al intentar imponer restricciones y responsabilidades de creación estatal en ámbitos donde la autoridad federal es primordial.”
Pero, a pesar de las críticas, el presidente del Senado estatal, Martin Looney, quien es uno de los patrocinadores de la ahora ley, defendió la medida como una afirmación de los derechos reservados a los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Según Looney, la legislación no interfiere con la autoridad federal sobre inmigración, sino que exige que los agentes federales cumplan con las mismas normas aplicadas a las autoridades locales.
“Estamos exigiendo que los agentes federales estén sujetos a los mismos estándares que nuestras propias fuerzas del orden”, afirmó.
Durante la audiencia del 5 de marzo, un total de 246 personas y organizaciones presentaron testimonio a favor de la aprobación de la ley, mientras que 19 se manifestaron en contra.
El senador estatal Gary Winfield afirmó que la legislación busca proteger a comunidades que “no siempre son escuchadas”.
“Estamos firmando un proyecto de ley para las comunidades que no siempre son escuchadas. En realidad, se trata de pensar en los vecinos en quienes no siempre pensamos," dijo Winfield. "Tienen miedo de estar en los lugares habituales, donde la gente no debería tener temor alguno. Connecticut se pone de pie porque sabemos que la Constitución no solo se aplica a mí y a quienes nacieron aquí, sino que se aplica a todos los que se encuentran en esta tierra”.
Durante el evento participaron activistas y estudiantes inmigrantes. Melanie Unga, integrante de Connecticut Students for a Dream, dijo que la ley permitirá que las familias inmigrantes puedan acudir a escuelas, trabajos y consultas médicas “sin miedo”.
“Hoy estamos a un paso más de asegurar que los inmigrantes estén protegidos en Connecticut. SB 397 protegerá lugares como escuelas, hospitales y lugares de culto de ataques federales. Estos serán espacios seguros para los inmigrantes y para todos los trabajadores. Para familias como la mía, esto significa poder ir a la escuela, al trabajo o a una cita médica sin miedo.”
Carolina Bortolleto, organizadora de Danbury Unites for Immigrants, afirmó que “la promulgación hoy del proyecto de ley SB397 constituye un paso adelante positivo y necesario, así como un testimonio de nuestro poder colectivo”, y subrayó que el estado “debe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a nuestros vecinos”.
“Estamos exigiendo que los agentes federales estén sujetos a los mismos estándares que nuestras propias fuerzas del orden”, afirmó.
La ley fue aprobada por el Senado estatal el 14 de abril con una amplia mayoría demócrata de 24 votos a favor frente a 10 de la minoría republicana.
Pero no todos están conformes con la nueva ley. Los republicanos de Connecticut se opusieron al proyecto desde el inicio de la sesión legislativa.
El senador Tony Hwang argumentó en abril que las medidas de la nueva ley ponen en riesgo la salvaguarda y el bienestar de los residentes del estado.
“Connecticut tiene, sin duda alguna, un papel que desempeñar en la protección de las libertades civiles, la garantía del debido proceso y el apoyo a los inmigrantes que cumplen con la ley," dijo Hwang. "Sin embargo, la política de aplicación de las leyes de inmigración es, fundamentalmente, una responsabilidad federal; y este proyecto de ley suscita serias inquietudes al intentar imponer restricciones y responsabilidades de creación estatal en ámbitos donde la autoridad federal es primordial.”
Pero, a pesar de las críticas, el presidente del Senado estatal, Martin Looney, quien es uno de los patrocinadores de la ahora ley, defendió la medida como una afirmación de los derechos reservados a los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Según Looney, la legislación no interfiere con la autoridad federal sobre inmigración, sino que exige que los agentes federales cumplan con las mismas normas aplicadas a las autoridades locales.
“Estamos exigiendo que los agentes federales estén sujetos a los mismos estándares que nuestras propias fuerzas del orden”, afirmó.
Durante la audiencia del 5 de marzo, un total de 246 personas y organizaciones presentaron testimonio a favor de la aprobación de la ley, mientras que 19 se manifestaron en contra.
El senador estatal Gary Winfield afirmó que la legislación busca proteger a comunidades que “no siempre son escuchadas”.
“Estamos firmando un proyecto de ley para las comunidades que no siempre son escuchadas. En realidad, se trata de pensar en los vecinos en quienes no siempre pensamos," dijo Winfield. "Tienen miedo de estar en los lugares habituales, donde la gente no debería tener temor alguno. Connecticut se pone de pie porque sabemos que la Constitución no solo se aplica a mí y a quienes nacieron aquí, sino que se aplica a todos los que se encuentran en esta tierra”.
Durante el evento participaron activistas y estudiantes inmigrantes. Melanie Unga, integrante de Connecticut Students for a Dream, dijo que la ley permitirá que las familias inmigrantes puedan acudir a escuelas, trabajos y consultas médicas “sin miedo”.
“Hoy estamos a un paso más de asegurar que los inmigrantes estén protegidos en Connecticut. SB 397 protegerá lugares como escuelas, hospitales y lugares de culto de ataques federales. Estos serán espacios seguros para los inmigrantes y para todos los trabajadores. Para familias como la mía, esto significa poder ir a la escuela, al trabajo o a una cita médica sin miedo.”
Carolina Bortolleto, organizadora de Danbury Unites for Immigrants, afirmó que “la promulgación hoy del proyecto de ley SB397 constituye un paso adelante positivo y necesario, así como un testimonio de nuestro poder colectivo”, y subrayó que el estado “debe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a nuestros vecinos”.
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